Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid | 16 julio 2025.

ESCUELAS INFANTILES

Las directoras de escuelas infantiles públicas de madrid amenazan con dimitir en bloque ante el abandono institucional.

    Las directoras de escuelas infantiles públicas de Madrid advierten: si la administración no responde, dimitiremos en bloque. La falta de financiación, el abandono institucional y la precariedad que arrastra el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en la Comunidad de Madrid han llevado a una situación insostenible. El próximo curso podría arrancar en un clima de conflicto sin precedentes si no se atienden de forma urgente las demandas del sector.

    09/07/2025.
    las directoras de escuelas infantiles públicas de madrid amenazan con dimitir en bloque ante el abandono institucional

    las directoras de escuelas infantiles públicas de madrid amenazan con dimitir en bloque ante el abandono institucional

    Aunque la Comunidad de Madrid presume de ampliar plazas públicas en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), la realidad en escuelas y colegios desmiente el discurso oficial. La falta de financiación, la precariedad laboral y el abandono institucional están lastrando una etapa clave para el desarrollo del alumnado más vulnerable.

    En Madrid vivimos una triste paradoja: pese a ser la comunidad más rica de España, es una de las que menos invierte en Educación. Además, esta ya escasa inversión se deriva cada vez más hacia la enseñanza concertada, dejando a la escuela pública en una situación de infrafinanciación alarmante. Aunque esta problemática afecta a todas las etapas educativas, resulta especialmente grave en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), que atiende al alumnado más vulnerable e indefenso.

    La Comunidad de Madrid presume del incremento de plazas públicas para niños y niñas de 0 a 3 años. Si bien es cierto que se ha producido un notable aumento en los últimos años, la oferta sigue siendo claramente insuficiente. Muchas familias madrileñas se ven obligadas a optar por centros privados ante la falta de plazas en la red pública. Para ellas, la Comunidad concede “becas” de unos 200 euros mensuales, con el objetivo de ayudar a costear las elevadas tasas de las escuelas privadas, que rondan los 500 euros al mes. ¿No sería más razonable destinar ese presupuesto a crear muchas más plazas públicas? Como señala Ana, directora de una escuela infantil pública de Madrid: “La escuela pública es la única que garantiza el derecho a la educación. Los profesionales que trabajan en ella han superado procesos selectivos para estar ahí, y se trabaja por y para el alumnado”.

    En Madrid, la red pública de atención al alumnado de 0 a 3 años es diversa. Existen escuelas infantiles de gestión directa, dependientes de la Comunidad o del Ayuntamiento, y también escuelas públicas de gestión indirecta. Desde 2022, además, se ha implantado el primer ciclo de Educación Infantil en algunos colegios públicos de la región (82 centros en 2024). Sin embargo, más allá de la escasez de plazas, hay otro problema de fondo: las deficientes condiciones que soportan tanto el alumnado como las profesionales en la mayoría de los centros madrileños, ya sean públicos, concertados o privados. Si bien los centros privados presentan los peores indicadores de precariedad laboral y altas ratios, la red pública también sufre un maltrato institucional que merece ser denunciado.

    Leonor, directora de una escuela infantil madrileña, explica que los centros están funcionando “porque los profesionales están al 2000 por 100”. Las bajas de educadoras no se cubren y falta personal, lo que revela una preocupante dejadez por parte de la administración. Ana añade que la antigüedad de los edificios y la falta de mantenimiento provocan que el estado de las infraestructuras y de los equipos sea, literalmente, desastroso. A esto se suma la falta de presupuesto para realizar arreglos u obras necesarias. El problema del calor, especialmente grave en estas edades tan tempranas, tampoco cuenta con soluciones eficaces por parte de la administración.

    Las directoras de escuelas infantiles denuncian también una sobrecarga de trabajo muy superior a la del resto de docentes, así como un calendario laboral más extenso. A ello se añade la falta de respuesta a sus consultas o peticiones, lo que alimenta la sensación de abandono institucional.

    El caso del primer ciclo de Infantil implantado en colegios públicos es particular. La medida arrancó en 2022 sin una planificación adecuada. Entre las principales quejas se encuentran la falta de espacios, de mobiliario y de materiales apropiados, así como las dificultades de coordinación con el resto del centro. Estas aulas sufren además los mismos problemas que las escuelas infantiles: falta de presupuesto, bajas no cubiertas y sobrecarga laboral para las maestras responsables, que actúan como enlace con el equipo directivo y el claustro. Estas profesionales reclaman el reconocimiento oficial de sus funciones y que se las considere jefas de estudios adjuntas, ya que ejercen esa labor de facto. Carmen, maestra responsable en un centro público, señala además deficiencias en la limpieza de las aulas, falta de formación y carencias en la adaptación y el mantenimiento de los espacios y materiales.

    En conclusión, es urgente que la Comunidad de Madrid no solo incremente la oferta de plazas públicas de gestión directa para el primer ciclo de Infantil, sino que aumente de forma sustancial la financiación destinada a esta etapa y atienda a las reivindicaciones de sus profesionales. En la medida en que esto no se cumple, tanto el alumnado como el personal están siendo maltratados por la administración. Como recuerda Ana: “El primer ciclo no es una etapa asistencial. Nuestra infancia merece ser respetada y comprendida. No son objetos que guardar”.Ante esta situación de abandono prolongado y falta de respuestas, el inicio del próximo curso se presenta especialmente conflictivo. El hartazgo entre las profesionales es generalizado, y las directoras de escuelas infantiles han anunciado que emprenderán acciones que podrían culminar en una dimisión en bloque si la administración no atiende sus demandas y se alcanza un acuerdo que ponga fin a este maltrato institucional.

    Los nombres utilizados en este artículo son ficticios, con el fin de proteger la identidad de las personas mencionadas.

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