Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid | 23 junio 2025.

Defendemos la inversión del 1% del PIB autonómico

CCOO denuncia el estrangulamiento intencionado de las universidades públicas

    Ante el nuevo curso, vuelve a producirse el problema de la falta de plazas en las universidades públicas, que conlleva el mantenimiento de las altas notas de corte.

    23/06/2025.
    CCOO denuncia el estrangulamiento intencionado de las universidades públicas

    CCOO denuncia el estrangulamiento intencionado de las universidades públicas

    Cerca de 270.000 estudiantes se han presentado en 2025 a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y en estos días están conociendo su resultado, por lo que pronto tendrán que elegir qué y dónde estudiar. En este contexto, una vez más la universidad pública se enfrenta al desafío de atender una demanda de plazas que supera ampliamente a la oferta, por lo que miles de estudiantes se ven en la obligación de competir por un número limitado de vacantes, especialmente en algunas titulaciones.

    Esta limitación de plazas, ligado al aumento de la demanda de ingreso en las universidades públicas, viene generando, curso tras curso, un incremento de las notas de corte para acceder a las universidades públicas presenciales, lo que impide que muchas y muchos estudiantes ingresen en su grado deseado, no solo en su primera opción, sino también en las siguientes. Esto obliga, a quien puede permitírselo, considerar como opción las universidades privadas, lo cual implica un mayor coste económico y sacrificios para las familias. En el curso 2023-2024, se ofertaron 245.956 plazas para 2.665 titulaciones, pero las preinscripciones superaron las 475.000.

    Con carácter general, las administraciones públicas no han atendido a la demanda de las universidades públicas de incrementar el número de plazas ofertadas: entre los cursos 2014-2015 y 2023-2024 la oferta se ha incrementado únicamente en 780 plazas. Ante esta necesidad real, las universidades públicas se encuentran ante la imposibilidad de aumentar su oferta toda vez que necesitan de la autorización de la Administración de la que dependen (nacional y autonómica) y la financiación suficiente para disponer de los recursos humanos, técnicos y materiales adecuados.

    Esta falta de autorización se debe, fundamentalmente a dos razones:

    • Autorizar un mayor número de plazas implica necesariamente una mayor inversión, especialmente por parte de las CC. AA. en la financiación de las universidades públicas.
    • Favorecer a las universidades públicas va en contra del modelo de universidad defendido en buena parte de dichas comunidades, en las que se apuesta por el crecimiento incontrolado e injustificado de las universidades privadas y de la oportunidad de negocio que estas suponen. Y todo ello a un coste muy inferior al de invertir en la universidad pública.

    La Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU), en su artículo 55.2, establece el objetivo de alcanzar un mínimo de financiación pública del 1% del PIB para las universidades públicas para 2030. En valores absolutos, y basándose en el PIB de 2022, este 1% representaría 14.736 millones de euros. En ese año, el gasto público en universidades fue de 11.374 millones de euros, 3.362 millones de euros menos. Las transferencias corrientes y de capital de las comunidades autónomas y del Estado a las universidades públicas presenciales representaban el 62,5% de esa cantidad (o el 57,7% considerando solo las comunidades autónomas). Y buena parte de las CC. AA. no están dispuestas a invertir ni un euro más en sus universidades públicas.

    Ante esta situación, CCOO considera imprescindible:

    • Implementar de manera inmediata la obligación legal de destinar el 1% del PIB autonómico a las universidades públicas y garantizar que estas cuentan con una financiación adecuada, suficiente y previsible en el tiempo.
    • Garantizar una oferta de plazas en todos los niveles (grado, máster y doctorado) que permita que toda aquella persona que solicite plaza en una universidad pública tenga acceso a ella. Esto es especialmente necesario en el caso de los másteres habilitantes: con carácter de mínimos se debe garantizar la plaza a todo el alumnado procedente de la universidad pública.
    • Hasta que se alcance la gratuidad de los estudios universitarios, los precios del máster deben ser iguales que los de grado y debe ampliarse, en relación con las becas y ayudas al estudio, la dotación económica (especialmente en el caso de la ayuda a la residencia) y los supuestos contemplados para afrontar las nuevas realidades sociales y económicas.
    • Exigir a los centros privados universitarios las normas de calidad que debe cumplir una institución universitaria, revisar su necesidad en base a un mapa de titulaciones y establecer una moratoria de 10 años para la creación, autorización y reconocimiento de nuevas universidades y centros universitarios.

    La falta de financiación suficiente de la universidad pública redunda, entre otros aspectos, en la oferta de plazas, en la adaptación de la oferta de titulaciones a la demanda de la sociedad, en los precios públicos, en la menor capacidad de flexibilizar las opciones asegurando la calidad y, en consecuencia, en la mayor carga que implica ofrecer formación de calidad. Esto, sumado al menor control y requisitos exigidos y las facilidades ofrecidas a las universidades privadas, está abriendo el paso a un crecimiento de las matriculaciones en estas entidades privadas. La merma del peso de la universidad pública no hace sino ahondar en las desigualdades educativas, dificultando que las instituciones educativas públicas puedan avanzar hacia la igualdad real de oportunidades y la cohesión social.

    Cabe recordar solo un dato: cada euro que se invierte en la universidad pública revierte una media de 5 euros a la sociedad. Es decir, la inversión en la universidad pública revierte directamente a la ciudadanía y no solo en unos pocos, como ocurre con las universidades privadas, que los beneficios revierten tan solo en sus accionistas.

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