Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid | 1 marzo 2024.

CCOO alerta del aumento de conductas autolíticas con riesgo de suicidio en los institutos madrileños: más de 2.100 protocolos abiertos a sólo dos meses del inicio del curso

  • CCOO califica la situación de “emergencia sanitaria” y propone un plan integral cuyo coste cifra en 23,6 millones de euros, el equivalente al 0,34% del presupuesto para Educación en Madrid
  • El plan integral incluye la contratación de 150 psicólogos/as educativos, ampliar el número de enfermeras escolares en 75, así como generalizar en todos los centros la figura del Profesor de Servicios a la Comunidad, lo que significa un total de 300 profesionales de este perfil. Supondría un beneficio en la salud mental y emocional para 160.000 alumnos y alumnas de secundaria y algo más de 57.000 en bachillerato
  • La extensión de este programa a los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) supondría invertir 35 millones de euros más para 75 psicólogos y psicólogas, 75 enfermeras y generalizar la figura de Profesores Técnicos de Atención a la Comunidad en estos centros. Esto ampliaría el beneficio a 675.000 alumnos y alumnas

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, advierte de las consecuencias sobre el profesorado y personal educativo: “En nuestro servicio de Salud Laboral hemos recibido en solo dos meses más de 5.000 consultas, el doble que el curso pasado”

28/11/2023.
CCOO alerta del aumento de conductas autolíticas con riesgo de suicidio en los institutos madrileños (Imagen de Freepik)

CCOO alerta del aumento de conductas autolíticas con riesgo de suicidio en los institutos madrileños (Imagen de Freepik)

CCOO lanza de nuevo la voz de alarma por la crisis de salud mental entre el alumnado madrileño, que no hace más que agravarse desde la pandemia. A poco más de dos meses del inicio del curso escolar, se han abierto en los institutos madrileños de secundaria y bachillerato más de 2.100 protocolos de conductas autolíticas con mayor riesgo de suicidio, según la estimación que realiza el sindicato con los datos recabados en los centros educativos. “Hay institutos con 18, 19 y hasta 20 protocolos abiertos, con una media de 7 protocolos abiertos por centro”, apunta la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín. “Terminamos el curso pasado con algo más de 1.800 protocolos abiertos, y según los datos que nos facilitan apenas se han cerrado el 10%”.

Galvín avisa de que los datos que se conocen son sólo la punta del iceberg. “La salud mental del alumnado también queda reflejada en el protocolo de adicciones, en el de acoso, en los expedientes disciplinarios y en otras situaciones para las que no hay protocolo como la ansiedad, las depresiones, la desmotivación, el abandono, el absentismo, o la objeción escolar” pero "además ocurre en una situación en la que las ratios son muy altas, el horario lectivo es excesivo y las plantillas están exiguas con lo que la sobrecarga de trabajo es enorme” continua Galvín.

Plan integral de atención a la salud mental y emocional para abordar esta emergencia educativa

Para hacer frente a lo que el sindicato califica de “emergencia sanitaria” -que se convierte en una “emergencia educativa” cuando llega a los centros escolares-, los centros educativos sólo cuentan en este momento con un protocolo y una guía. “Así, simplemente con papeles y con la sobrecarga a los equipos directivos, a los equipos de orientación y a los equipos docentes”, se queja la responsable sindical. “No hay psicólogos educativos en los centros y no hay psicólogos infanto-juveniles en los centros de salud”.

CCOO va más allá de constatar los hechos y propone a la Consejería de Educación la puesta en marcha de un plan integral para atender la salud mental y emocional del alumnado de educación secundaria y bachillerato, y recuerda que las comunidades autónomas tienen competencias para hacerlo.

Psicólogas y psicólogos educativos. Dada la dimensión del problema, el plan de CCOO incluye la contratación directa por parte de la Consejería de 150 psicólogas y psicólogos educativos adscritos a las direcciones de área en un número proporcional al número de centros, al de alumnado y al número de protocolos abiertos. “Estos profesionales serán los encargados del diagnóstico, la valoración de la gravedad y el riesgo, así como del seguimiento y la atención directa al alumnado, en coordinación con los servicios sanitarios”, detalla Galvín.

Profesor de Servicios a la Comunidad. Igualmente, el plan establece la generalización en los institutos de la figura del Profesor de Servicios a la Comunidad para ejercer la figura de Coordinación del Bienestar que recoge la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, lo que significa un total de 300 profesionales de este perfil. “Esta figura tiene reguladas funciones específicas para estas situaciones de riesgo que sufre el alumnado motivadas por salud mental o emocional”.

Enfermera escolar. Y para completar los equipos el plan considera imprescindible ampliar el número de enfermeras escolares en los centros en 75, además de reforzar la coordinación con los centros de salud.

23,6 millones de euros. La puesta en marcha de este plan en los centros de educación secundaria tendría un coste de 23,6 millones de euros, el equivalente al 0,34% del presupuesto de Educación de la Comunidad de Madrid. “Supondría un beneficio en la salud mental y emocional para 160.000 alumnos/as de secundaria y algo más de 57.000 en bachillerato”, detalla Galvín. “Y si este plan lo ampliáramos a la educación primaria, optando por la estrategia de prevenir, la inversión supondría 35 millones de euros más, ampliar el número de enfermeras escolares en 75 y añadir 75 psicólogos escolares al programa. La cantidad total alcanzaría los 59 millones, que no llega al 1% del presupuesto de Educación”. El plan, añade, se podría poner en marcha de forma escalonada durante la legislatura. La Federación de Enseñanza de CCOO va a solicitar a los grupos de la Asamblea de Madrid que lo incorporen al borrador de presupuestos para 2024 y que trabajen en un pacto por la salud mental y emocional de los menores, adolescentes y jóvenes madrileños.

A este respecto, Galvín mencionó un estudio conjunto de los Ministerios de Universidades y de Sanidad que constata que el 50% de los estudiantes universitarios ha sentido la necesidad de tener ayuda profesional para abordar su situación mental o emocional, y que el mismo porcentaje reconocía haber sentido ansiedad moderada o intensa: “Estos jóvenes fueron adolescentes y pasaron por la secundaria y el bachillerato. La simple extrapolación de estos datos permite concluir que el número de protocolos abiertos para conductas autolíticas están muy lejos de explicarnos cuál es la situación de la salud mental y emocional del alumnado en los institutos”.

5.000 consultas del profesorado

CCOO denuncia que la sobrecarga de trabajo por la burocratización de los problemas provoca a su vez estrés y ansiedad sobre el profesorado y el personal educativo, al que se pide que realice tareas distintas a las funciones que marca la ley y a la especialización científica y académica que se le ha exigido para acceder a la docencia.

“El largo y específico protocolo implica observar posibles conductas de riesgo o aplicar estrategias concretas para parar cualquier situación que pueda ser considerada grave o para no dejar en ningún momento en soledad al alumnado susceptible de tomar decisiones que atenten contra su bienestar físico incluso su vida genera muchas emociones que sumadas están provocando graves riesgos psicosociales en el profesorado”, asegura Galvín. “Estos riesgos tienen consecuencias directas en el bienestar profesional y personal del profesorado madrileño. Nuestro servicio de Salud Laboral ha visto duplicadas las consultas en relación con el curso pasado y sólo en estos tres primeros meses de curso hemos recibido más de 5.000 consultas de profesorado y personal educativo”.

Conductas violentas sin protocolos de actuación para profesorado y personal educativo

Otra dificultad añadida es que el alumnado puede canalizar sus problemas de salud mental a través de conductas violentas hacia otros compañeros y compañeras, como hacia el profesorado y el personal educativo, “mientras que para las situaciones de violencia “entre iguales hay protocolo para lo que no hay protocolo y en las que el servicio de prevención de salud y riesgos laborales no está interviniendo. Hemos de ir a los Tribunales para defender a los profesionales. Los procesos judiciales son lentos y no todos los profesionales están en condiciones emocionales y profesionales de emprenderlos. Esto ha de cambiar y ha de ponerse en marcha un plan de actuación ante los riesgos psicosociales del profesorado y el personal educativo además de que es imprescindible bajar las ratios, reducir el horario lectivo y dotar a los centros de todos los perfiles de atención a la diversidad que son necesarios”, reivindica Isabel Galvín.

Madrid no es una excepción

Estos datos y esta realidad se han compartido por la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid en la presentación del informe “La salud mental en la educación”, realizado por el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales y la Fundación 1º de Mayo de CCOO. El estudio constata la grave situación que se vive en toda España en relación con este problema y la insuficiencia de las políticas públicas y de financiación para resolverlo. El Ministerio de Educación, FP y Deportes apenas dedica 5 millones de euros para repartir entre todas las comunidades autónomas, como subraya Pablo García de Vicuña, coordinador del informe.

Por ello, la Secretaría de Formación y Salud Laboral de la FE de CCOO exige que el Ministerio, en esta nueva etapa, ponga en marcha un plan integral para la salud mental del alumnado y del profesorado que esté dotado de la financiación suficiente y cuyos fondos sean finalistas.

“Es preciso que el Gobierno de España contribuya a que las comunidades autónomas puedan incorporar los profesionales necesarios en los centros educativos para que sea posible atajar esta lacra de forma integral”, ha declarado Encarnación Pizarro, secretaria de Salud Laboral, Medio Ambiente y Formación para el Empleo de CCOO.