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Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid | 27 septiembre 2022.

CCOO considera que el nuevo Decreto de Convivencia es una norma obsoleta y fallida

    Ayer se publicó en el BOCM el nuevo Decreto de convivencia que, tras ser tratado durante un año en el Observatorio de la Convivencia, ha sido finalmente publicado con inexplicable retraso y sin recoger los trabajos y consideraciones de la Comisión técnica, de los expertos y profesionales consultados y de las organizaciones de la comunidad educativa.

    16/04/2019.
    Decreto

    Decreto

    CCOO rechaza este decreto, plasmado en un texto pretencioso, electoralista e ineficaz, por fundamentalmente los siguientes motivos:

    Lo primero que salta a la vista del nuevo Decreto regulador de la convivencia en centros docentes de la Comunidad de Madrid es que es largo, farragoso, con una redacción rimbombante, retórica, vacía y técnicamente deficiente desde la perspectiva jurídica, hasta el punto de imposibilitar su comprensión y correcta aplicación.

    No recoge medidas preventivas y que resuelvan los conflictos, ni siquiera los más leves, en sus primeras fases. No hay medidas alternativas a la vía punitiva (de castigo). Priva al decreto de medidas de carácter educativo y deja en manos exclusivas del director o la directora el uso de ese tipo de medidas preventivas de males mayores y educativas, como la mediación. Es un modelo que nace obsoleto y que se ancla más en una campaña electoral del Partido Popular que gobierna en Madrid, que está promulgando en estas últimas semanas una pléyade de decretos a través de los que trata de blindar su política cada vez más radicalizada en materia de educación: Decreto de conciertos, Decreto de FP, Orden de concierto encubierto del Bachillerato, Decreto de concierto encubierto de primer ciclo de Educación Infantil, Decreto de Inspección (que se publicará en breve).

    Este decreto da la espalda a las necesidades de equipos docentes y directivos y no da respuesta a las realidades del alumnado. Está fuera de toda lógica y responde a un imaginario más propio de espacios cuartelarios que educativos. El legislador no confía en el profesorado, los menores ni en los jóvenes, ni en los equipos directivos, ni en las familias. En definitiva, quien regula este decreto no confía en la educación.

    Supone una sobrecarga de trabajo para el director o directora y profesorado implicado en la comisión de convivencia sin contraprestación alguna, y supone una oportunidad perdida para impulsar la provisión de medios materiales y humanos que favorezcan un adecuado clima en los centros. A título de ejemplo, sigue sin desarrollarse el mandato de la LOE conforme a su artículo 126 apartado 2º, cuando prescribe que "Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres".

    No aborda la necesidad de bajar ratios, regular los centros de difícil desempeño o, simplemente, dotar de recursos a los centros y, en particular, de figuras específicas como el segundo orientador, la generalización del PTSC o la ampliación de la plantilla de los Servicios de Inspección. Tampoco aborda el reconocimiento económico de la tutoría en primaria o en las enseñanzas que actualmente no está reconocida o la subida de este complemento en secundaria. Todo ello a pesar de que el decreto encomienda funciones específicas a los tutores y tutoras, a profesionales de Orientación a PTSC o a los Inspectores e Inspectoras.

    Es un decreto fallido, en definitiva. Se ancla en la Ley de autoridad del profesor de Esperanza Aguirre, falaz donde las haya, pues desde siempre el profesorado de la educación pública estaba investido de dicha autoridad por el hecho de ser funcionario (por tanto, otorga ese rango al profesorado de los centros privados), o los anteriores decretos reguladores de esta materia.

    Todas estas normas han fracasado según los datos y cifras que presentan sus mismos defensores y el propio gobierno regional. Es un decreto que nace obsoleto e inoperante y que no recoge lo que ya hacen los centros educativos madrileños situándose muy por delante de esta norma. Tampoco recoge las experiencias de éxito de los países de nuestro entorno ni las recomendaciones de los organismos internacionales como la propia Unión Europea, que están indicando que los países miembros deben organizar sus centros y regular sus currículos para que la futura ciudadanía aprenda a convivir desde la interiorización de valores democráticos que se canalizan a través de la conducta. Este decreto saca a Madrid del futuro y propone que se aprenda a no ser sancionado y a obedecer.