Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid | 17 marzo 2025.

Se inician las declaraciones en la causa penal abierta contra cargos de la Consejería de Educación por posible prevaricación en la que CCOO se ha personado

  • El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid está investigando a miembros de la Consejería de Educación por posible delito de prevaricación administrativa por ordenar el fraccionamiento de obras en centros públicos y los pagos de las mismas.
  • CCOO se ha personado en esta causa y ha sido admitida su participación en el proceso como acusación popular para esclarecer quienes son los verdaderos responsables y los autores de los hechos, los verdaderos culpables del delito de prevaricación administrativa por fragmentación de contratos y pagos.
  • El Juzgado de instrucción número 39 impide que la Consejería se persone en esta causa exponiendo que no ha tenido lugar. En concreto, no ha lugar a que el Gobierno de Madrid pueda haberse visto perjudicado por los hechos ocurridos.

11/03/2025.
Causa penal por la fragmentación de contratos y pagos de obras realizadas en centros públicos madrileños

Causa penal por la fragmentación de contratos y pagos de obras realizadas en centros públicos madrileños

Mañana, 12 de marzo de 2025, se van a iniciar las declaraciones en la causa penal por la fragmentación de contratos y pagos de obras realizadas en centros públicos madrileños.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid se ha personado en la investigación abierta por un Juzgado de Instrucción de Madrid por la presunta comisión de varios delitos de prevaricación administrativa por parte de cargos de la Consejería de Educación del Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. El juzgado le ha permitido a CCOO actuar independientemente de las demás personaciones.

“Según las informaciones de la prensa en los años 2021 y 2022 se ha adjudicado la realización de obras a determinadas empresas eludiendo el sistema abierto de concurrencia que prescribe la Ley de Contratos, recurriendo al fraccionamiento de pagos por importes máximos de 40.000 euros, pese a tratarse de cantidades millonarias” dice Isabel Galvín, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid.

Para CCOO se trata claramente de “una práctica delictiva que se habría ejecutado en, al menos nueve centros”. Según lo publicado por la prensa se trata de los centros educativos públicos IES Ciudad Escolar, IES Hotel Escuela e IES San Fernando (del complejo educativo Ciudad Escolar, en la Carretera de Colmenar Viejo), Escuela de Arte “Alberto Corazón” (de Alcalá de Henares), IES Príncipe Felipe (de Madrid), Escuela de Idiomas y el Centro Territorial de Innovación y Formación Sur -CTIF- (de Leganés), IES Carlos Bousoño (de Majadahonda), y IES Pio Baroja (de Madrid).

“Al descubrirse este asunto, la actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid consistió en acusar ante la Fiscalía a los directores y directoras de dichos centros, pese a que es obvio que debieron recibir órdenes de puestos directivos del gobierno regional, ya que un director o directora no dispone de tal capacidad de acción ni de funciones para realizar tales actos”, denuncia Galvín.

La Federación de Enseñanza de CCOO denuncia como “inaudito” que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya intentado personarse como acusación particular contra sus propios directores y cargos. Intención que el juzgado ha inadmitido. “Es increíble que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya intentado de ser visto como perjudicada por la supuesta realización de estas contrataciones y estos pagos indebidos”, denuncia Galvín. “La titularidad de todos estos centros públicos son de la propia Consejería de Educación que forma parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y según su estructura orgánica no hay más remedio que los contratos y pagos hayan pasado por los órganos directivos de la propia Consejería. Todo eso corresponde claramente a la competencia de la Consejería y así a la del Gobierno de la Comunidad de Madrid”, añade.

CCOO, en virtud de las funciones que el artículo 7 de la Constitución atribuye a los sindicatos en cuanto a la defensa de las personas trabajadoras, reclama que se clarifiquen las responsabilidades que se puedan derivar de las presuntas conductas descritas que, en principio, involucraron a funcionarios y funcionarias de los centros educativos relacionados que recibían, en todo caso, órdenes de personas directivas de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. “Por ello, CCOO nos personado en esta causa y nos ha sido admitida la participación en el proceso como acusación popular por nuestro interés legítimo de defensa de los trabajadores afectados y dado que los directores y directoras de estos centros afectados lo que han hecho es ejecutar órdenes, ejecutar partidas de gasto y obras que les venían ordenadas por sus superiores jerárquicos en la Consejería de Educación. Por lo tanto, nos hemos personado para esclarecer quiénes son los verdaderos responsables y quiénes son los autores de estos hechos, de este delito de prevaricación administrativa que ha ocurrido”, resume Galvín.

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