Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid | 5 diciembre 2024.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) obliga a Educación a la readmisión de toda la plantilla de la Escuela Infantil "Tesoros"

  • CCOO denunció a la Consejería de Educación por no cumplir la Ley de Contratos Públicos y no subrogar a la plantilla de la EI “Tesoros” de Arganda tras asumir la gestión directa de este centro y reanudar la actividad educativa en las mismas instalaciones, pero con otro personal.
  • -El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nula la extinción de los contratos de las trabajadoras de la Escuela Infantil Tesoros - una escuela infantil en Arganda del Rey de gestión indirecta y obliga a la Consejería de Educación a readmitir a las trabajadoras y abonar los salarios desde el 1 de septiembre
  • CCOO exige a Educación que actúe con responsabilidad y cumpla de forma inmediata la sentencia.

19/11/2024.

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La Administración de la Comunidad de Madrid había dejado a los trabajadores y trabajadoras de la Escuela Infantil “Tesoros” en la calle después de que la empresa para la que trabajaban, Atreyu Blota Carto S.L., incumpliese de manera sistemática las leyes laborales y educativas, dejando de abonar los salarios y no prestando el servicio al que se había comprometido como empresa adjudicataria. En esta situación y tras meses de conflicto, la Consejería de Educación asumió la gestión directa de la EI “Tesoros” negándose a subrogar a su plantilla tal y como marca la Ley de Contratos Públicos para situaciones similares. Con el inicio del presente curso se quedaron en la calle 26 trabajadoras que tenían derecho a la subrogación de sus contratos. La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid denunció esta vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público ante los Tribunales de Justicia.

“La Consejería de Educación reabrió la actividad en el mismo centro de trabajo sin tener en cuenta a las trabajadoras, que por medio del modelo de contratación de la gestión indirecta se quedaban sin trabajo”, explica la Secretaria General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, que añade “intentamos negociar con distintos responsables de la Consejería, incluso con el propio Consejero Emilio Viciana, la subrogación a la que obligaba la Ley a la administración educativa, así como las condiciones para la readmisión del personal de la escuela infantil. Estos intentos no tuvieron éxito alguno. No nos escucharon y ahora la Justicia nos da la razón”.

La sentencia No. 1010/2024-F del TSJM deja claro que la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 130, obliga a las administraciones titulares de un servicio a la subrogación de los contratos, por lo tanto, a hacerse cargo de la situación laboral de las trabajadoras. De hecho, el alto Tribunal falla “que declara nula la extinción de los contratos de las personas trabajadoras relacionadas al hecho probado, y condenan a la Comunidad de Madrid a la readmisión de inmediato en las mismas condiciones que regían antes del despido y a abonarles los salarios dejados de percibir”. Esto supone que la Consejería de Educación adeuda más de 76.000 euros a las 26 trabajadoras afectadas por este atropello que trabajaban en esta Escuela Infantil situada en Arganda, que fueron despedidas irregularmente según establece la propia sentencia.

“La consejería debe cumplir esta sentencia que deja claro que el titular del servicio subrogado tiene responsabilidad sobre la plantilla y sobre el propio servicio que se presta. La administración pública titular, en este caso la Consejería de Educación, debe ejercer control y actuar con responsabilidad. No puede mantener una actitud pasiva ante el incumplimiento de los pliegos de condiciones ni ante la vulneración de las leyes laborales y educativas. Debe velar por las condiciones en la que se garantiza el derecho a la educación y por las condiciones laborales en las que las profesionales que atienden al alumnado realizan su trabajo. La dejación e inhibición de responsabilidades por parte de los responsables de la Consejería de Educación no se ajusta a derecho.

En este sentido, esta sentencia es muy importante y nos marca una vía de actuación para velar por que el titular del centro subrogado cumpla con sus deberes y asuma sus responsabilidades siempre. Y en eso vamos a estar recordando que, como demuestran los hechos, el sistema de externalización está fracasando. Entonces, educación debe acudir al rescate del servicio público y debe hacerlo bien ajustándose a las leyes y no actuando como si de una empresa pirata se tratase” concluye Galvín.

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