Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid | 19 mayo 2024.

CCOO iniciará las acciones legales oportunas

Fundación SAMU decide unilateralmente aplicar un ERTE a más de 300 personas

    Las y los trabajadores afectados por la medida pertenecen a sectores socioeducativos y sociosanitarios que atienden a menores, mayores y personas con discapacidad. Además, la decisión podría derivar en un incumplimiento de contrato y un posible fraude con dinero público.

    06/05/2024.
    CCOO iniciará las acciones legales oportunas para frenar este sinsentido que afecta a unas 800 personas trabajadoras

    CCOO iniciará las acciones legales oportunas para frenar este sinsentido que afecta a unas 800 personas trabajadoras

    Tras un proceso plagado de irregularidades, en el que la empresa se ha negado sistemáticamente a facilitar toda la documentación económica exigida por la representación legal de las personas trabajadoras, Fundación SAMU dio por concluido, el pasado 30 de abril y de manera unilateral, el periodo de consultas del ERTE que pretende llevar a cabo.

    Desde CCOO hemos argumentado a la entidad que no puede realizar un ERTE en aquellos servicios por los que ha licitado y firmado un contrato con administraciones públicas tales como la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, los Cabildos Insulares o la Junta de Castilla-La Mancha, entre otras.

    Las medidas de ajuste laboral en empresas contratistas adjudicatarias de servicios públicos, según CCOO, no son factibles. La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) regula con carácter general el deber de las empresas contratistas de cumplir los contratos a tenor de sus cláusulas, de manera que en la gestión de servicios públicos es parte esencial de los pliegos de licitación los medios personales necesarios para la debida ejecución del servicio. Por tanto, cualquier medida de ajuste laboral de la plantilla que reduzca la mano de obra adscrita a dicho servicio podría considerarse incumplimiento del contrato.

    En este sentido, desde CCOO hacemos un llamamiento a las administraciones contratantes para que velen por el cumplimiento del fin último del contrato, asegurando la buena prestación del servicio, ya que, en caso contrario, se estará produciendo un fraude con dinero público, en tanto la empresa, que ya ha cobrado de esas administraciones, pretende ahorrarse los salarios de ocho meses de más de 300 personas trabajadoras de centros de protección de menores, de asistencia a personas con discapacidad, de centros escolares y de atención a personas mayores, suspendiendo sus contratos para que, de esta manera, pasen a cobrar el subsidio por desempleo.

    La suspensión de contratos supone que no puedan cubrirse los servicios licitados en las condiciones registradas, lo que supondrá que dejen de prestarse parte de esos servicios o que las personas trabajadoras asuman una carga de trabajo mayor, en detrimento de la calidad del servicio que reciben las personas usuarias.

    Durante el periodo de consultas quedó de manifiesto la intención de la entidad de trasladar a las personas trabajadoras las consecuencias de su mala gestión económica y financiera, sin buscar otras alternativas que den solución a los supuestos problemas para atender al pago de las nóminas que intentan argumentar.

    Tras analizar las cuentas de 2021, 2022 y 2023, CCOO concluyó que la entidad ha modificado sus criterios contables al registrar determinadas operaciones económicas, presentando un resultado contable negativo en vez de positivo, para justificar las suspensiones de contratos. La negativa de la empresa a facilitar documentación adicional que permita verificar el registro de determinadas transacciones económicas con empresas del grupo hace pensar que la Fundación SAMU ha continuado generando beneficios económicos durante 2023 (al igual que en 2022 y 2021) y no pérdidas, como pretenden hacer creer.

    Ante la actitud negligente de la empresa, y al no demostrarse causas económicas para aplicar el ERTE, CCOO iniciará las acciones legales oportunas para revertir una situación injusta con las personas trabajadoras afectadas.

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