Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid | 1 marzo 2024.

7 diciembre 2023

Para CCOO los resultados del informe PISA avalan la necesidad de incrementar la inversión pública en educación

    CCOO señala que nunca debió retirarse la inversión adicional añadida durante la pandemia sino mantenerse e incrementarse, convirtiéndose en estructural, teniendo en cuenta además que veníamos de una etapa de recortes.

    07/12/2023.
    Informe Pisa 2022

    Informe Pisa 2022

    Dejando a un lado las aristas que presenta, en opinión de CCOO, el informe PISA en relación a lo que mide, los objetivos y el uso de aquellos datos, el informe del año 2022 pone de manifiesto que se produce en España una bajada en los niveles de las competencias matemáticas y de comprensión lectora mucho menor, sin embargo, que el desplome que se produce en estas materias en los países de la UE y de la OCDE, por lo que España se sitúa más cerca que nunca del promedio.

    Probablemente, este descenso tenga que ver con el impacto de la pandemia del COVID 19. El hecho de que en nuestro país se retomaran las clases presenciales más pronto que en otros, con incrementos de plantillas y medidas extraordinarias que implicaban bajadas generalizadas de ratios, con grupos burbuja y una mejor atención a la diversidad, un mejor acceso a dispositivos digitales y un alto porcentaje de vacunación entre los jóvenes, haya tenido efecto en el diferencial con la UE y la OCDE.

    Este conjunto de medidas, que desde CCOO consideramos que deberían convertirse en estructurales, también han influido notablemente, como recoge el informe PISA 2022, en que el impacto negativo medio en el rendimiento de matemáticas atribuido a la COVID-19 haya sido sólo de 7 puntos en España, frente a los 17 puntos negativos de Finlandia, los 18 de Alemania o los 33 de Suecia, por poner algunos ejemplos.

    Cabe, de igual modo, resaltar el enorme compromiso del profesorado con la atención a todo el alumnado y en especial al más vulnerable, durante el periodo en el que los centros permanecieron cerrados, lo que sin duda también ha incidido de manera directa, en que nuestro sistema educativo haya mantenido un mayor nivel de equidad si lo comparamos con el resto de los países de nuestro entorno.

    Destacamos, también, la existencia de un 12% de alumnado resiliente, es decir, de niños y niñas que obtienen mejores resultados de lo que cabría esperar por su extracción sociocultural, así como unas tasas de equidad, como ya hemos señalado, por encima de la media de la UE y la OCDE. De igual manera, las diferencias educativas entre el alumnado con mayor nivel socioeconómico y cultural y el más vulnerable se encuentran notablemente por debajo de la media. En España, esta brecha alcanza, en matemáticas, los 86 puntos frente a 93 puntos de la media OCDE y 102 de la UE. El alumnado inmigrante obtiene peores resultados en casi todos los países, pero en España las diferencias están por debajo de la media, de modo que los rasgos que tienen que ver con la equidad siguen destacando en nuestro sistema educativo.

    Por su parte, una vez descontado el ISEC (Índice Socioeconómico y Cultural), del alumnado y de los centros, las diferencias entre los resultados del alumnado de los centros públicos y los centros privados sólo suponen cinco puntos, lo que también habla

    del enorme esfuerzo y compromiso del profesorado de la enseñanza pública para adaptarse a la nueva realidad educativa que supuso la pandemia de COVID-19.

    No obstante, los resultados ponen de manifiesto que necesitamos avanzar mucho en calidad, en equidad y en mejorar nuestros niveles de inversión educativa, fijando un horizonte del 7% del PIB, que nos permita rebajar las ratios, especialmente en las aulas que escolarizan alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, incrementar las plantillas de profesorado y de todos los perfiles profesionales que contribuyen a mejorar la atención a la diversidad, la convivencia y el bienestar de las comunidades educativas, reducir el horario lectivo del profesorado y evitar su sobrecarga de trabajo, bajar el número de alumnas y alumnos por docente y así reforzar su dedicación a aquellas tareas que redundan en una mejora del trabajo en el aula y en los resultados escolares.

    Para ello, es imprescindible en esta legislatura la negociación de un Estatuto Docente que mejore las condiciones del profesorado.

    Nuestro sistema educativo público necesita mejoras estructurales que impliquen un incremento de recursos significativo y permanente para abordar los retos a los que se enfrenta. Todo ello exige iniciativas legislativas decididas y un plan de actuación coordinado entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas.