Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid | 1 marzo 2024.

CCOO rechaza la externalización de la docencia para la capacitación digital en los Centros de Educación para Personas Adultas (CEPA)

  • La Federación de Enseñanza de CCOO Madrid rechaza la contratación de los cursos de capacitación digital, en los Centros de Educación para Personas Adultas (CEPA), con una empresa privada.
  • CCOO denuncia que la contratación con una empresa privada de los cursos de capacitación digital que se imparten en los CEPA está trayendo problemas en el funcionamiento de dichos centros, ya que el equipo docente corre a cargo de la empresa contratista del servicio.
  • La Consejería de Educación se desentiende de requisitos importantes al externalizar los cursos –como el certificado de delincuentes sexuales– que sí se contemplarían en la contratación pública.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, advierte de que este tipo de contrataciones significan “un grave retroceso” y exige que estos cursos “sean gestionados por los propios centros como se ha venido haciendo hasta ahora”.

03/11/2023.
CEPA

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La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid rechaza la contratación por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid de una empresa privada, DICAMPUS S.L., para desarrollar los cursos de capacitación digital que se imparten en los Centros de Educación para Personas Adultas (CEPA). Hay que precisar que la decisión de la Comunidad de Madrid parte de un incumplimiento flagrante de la administración regional respecto a la normativa que regula este plan europeo ya que esta contempla la consulta obligada a los interesados, esto es, los CEPA de la Comunidad de Madrid, sobre la implantación y desarrollo de estos cursos, acción que no se ha llevado a cabo.

Isabel Galvín, Secretaria General de la FE de CCOO de Madrid, asegura que “la impartición de estos cursos de capacitación digital está trayendo problemas en el funcionamiento de los Centros de Educación para Personas Adultas. Así, esta maniobra de la Consejería de Educación de privatizar (externalizar) servicios educativos públicos ha supuesto para los equipos directivos de los CEPA una sobrecarga de trabajo ya que todas las labores administrativas han recaído sobre ellos mientras que DICAMPUS S.L. solo se responsabiliza de la contratación del profesorado que va a impartir estos cursos”. CCOO advierte que este tipo de contrataciones significan “un grave retroceso” y exige que estos cursos “sean gestionados por los propios centros como se ha venido haciendo hasta ahora”. Galvín señala que “el profesorado de los Centros de Educación de Adultos está suficientemente capacitado y habría bastado con ampliar la plantilla en medio cupo en cada CEPA para satisfacer las necesidades docentes de este programa. Esto hubiera sido ampliar la plantilla en unos 35 nuevos profesores y profesoras.

Por otra parte, hay que señalar que no se entiende por qué han quedado fuera de estos cursos de capacitación los Centros de Educación de Personas Adultas que se encuentran en las distintas prisiones de la Comunidad de Madrid.

La Consejería de Educación se desentiende de requisitos importantes al privatizar los cursos, que sí se contemplarían en la contratación pública

En estas circunstancias, hay que destacar que DICAMPUS S.L. se va a embolsar un contrato dividido – sorprendente e inexplicablemente – en diez lotes por un montante de 1.039.564,80€ imputado al Programa 322B (de Secundaria y FP) del Presupuesto de 2023 que no fueron aprobados. La empresa adjudicataria se embolsará está cantidad solo por la responsabilidad, como ya hemos mencionado, de contratar al profesorado ya que las tareas administrativas las van a realizar gratis los equipos directivos de los Centros de Educación de Personas Adultas.

Según se desprende del escrito de denuncia de Galvín, la Consejería de Educación se desentiende de una serie de requisitos al externalizar los cursos, que sí se contemplarían en la contratación pública. Por ejemplo, “no se les exige el certificado de delincuentes sexuales, como al personal que trabaja en el centro. Recordamos que en los CEPAS hay matriculado alumnado menor de edad y todos ellos tienen acceso al centro en horario coincidente con estas actividades”, advierte así mismo Galvín.

Además, hay un problema con la protección de datos, dado que la Consejería “ha instado a los CEPA a entregar a la empresa adjudicataria los datos personales del alumnado matriculado”. Según la normativa de protección de datos no se debe facilitar esta información a terceros. Además, se da la circunstancia que el profesorado contratado por esta empresa externa estará fuera del sistema informático Raíces, por lo tanto “deberá llevar un signo distinto a efectos de evitar cualquier confusión entre dicho personal y el de la Comunidad de Madrid”, añade Galvín.

CCOO ha exigido a la Consejería que supervise la implantación de este programa para hacer cumplir el contrato a DICAMPLUS. “La empresa debe garantizar en todo momento el funcionamiento del servicio contratado, teniendo la obligación de comunicar a las direcciones de los centros, con la mayor diligencia, cualquier cambio entre el personal externo incorporado para impartir la formación” afirma Galvín.

El profesorado externo a los centros, que se ha contratado, se rige por uno de los convenios colectivos más precarios de este país. De hecho, estos profesores y profesoras alcanzarán, con suerte, el Salario Mínimo Interprofesional. “La cantidad presupuestada permitiría la contratación de los 30 maestros de las listas de profesorado interino. Sin embargo, se externaliza, sin necesidad, simplemente para que la empresa adjudicataria haga un negocio redondo por contratar maestros low cost y quedarse con el resto del dinero público que recibe. Se precariza la labor docente con la connivencia y complicidad del gobierno de Ayuso” concluye Galvín.

Por todo ello, CCOO está realizando un seguimiento muy escrupuloso de estas contrataciones que están siendo valoradas por el equipo jurídico. De hecho, CCOO no descarta emprender acciones legales en lo relativo a la legislación sobre protección de datos o en cualquier aspecto que el sindicato detecte se esté produciendo y vulnere la normativa vigente en nuestro país.