Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid | 28 marzo 2024.

Menos profesores para más tareas

  • El curso empieza con 1.900 docentes menos en Secundaria.
  • Las asignaciones extraordinarias llegan tarde lo que hace que muchos profesores aún no se hayan incorporado.
  • La Consejería sigue ignorando problemas estructurales como la presencia de amianto y la ausencia de climatización adecuada.

08/09/2022.
Rueda de prensa 8 de septiembre de 2022

Rueda de prensa 8 de septiembre de 2022

Empieza el curso con 1.900 docentes menos en Secundaria

Hace unos días Isabel Díaz Ayuso anunció que este curso 2022-2023 los centros educativos contarían con 1.266 profesores más que el curso pasado. Las cifras contradicen tanto los datos de las asignaciones hechas el pasado julio, como la propia realidad en los centros educativos, así como el presupuesto aprobado por la Asamblea de Madrid.

Las asignaciones provisionales de julio se enfrentaban a un déficit de 2.481 docentes, y ahora que ya han tenido lugar las asignaciones extraordinarias, van a empezar el curso con la cifra final de 1.900 docentes menos que el curso pasado.

A estos 1.900 docentes menos habría que sumar los llamamientos para sustituciones, que estaban previstos para ayer, día 7 de septiembre, pero a día de hoy no se han iniciado. Las sustituciones de bajas, jubilaciones o permisos laborales no se están cubriendo, llegando a faltar una media de 2-3 docentes por centro, lo cual supondría la ausencia de 1.000 docentes más que no estarán presentes en los primeros días de curso.

Es importante, por lo tanto, entender que el curso está empezando en Secundaria y Bachillerato con 2.900 docentes menos que el curso pasado al menos en estas primeras semanas.

Conviene recordar que el presupuesto que no se ha invertido en esa contratación de profesorado, estimado en unos 45 millones de euros, es la misma cantidad de fondos públicos que Díaz Ayuso ha regalado a la enseñanza privada en forma de “cheques”.

Se agrava la masificación de las aulas en Secundaria y Bachillerato

Los centros han tenido que preparar las clases siendo conscientes de este recorte, obligados a un reajuste que ha hecho el comienzo de curso muy difícil. Se han tenido que eliminar la mayoría de los desdobles, lo cual afectará tremendamente las tareas de refuerzo educativo, y el recorte de plantilla contribuirá aún más a la masificación de las aulas madrileñas.

En estas condiciones, la bajada de ratio que prometió Díaz Ayuso, y de la que ha vuelto a presumir hace unos días llegando a celebrar las supuestas ratios de 18 alumnos por aula, son absolutamente imposibles. Hay muchos institutos que superan la ratio marcada por la ley, donde los alumnos por aula llegan a los 33, en algunos casos a 37.

Los años de pandemia demostraron que la bajada de la ratio mejoró los resultados académicos y la convivencia, y es una de las pocas medidas de absoluto consenso entre la comunidad educativa. Isabel Galvín, secretaria general Enseñanza CCOO Madrid: “La Consejería de Educación tiene que escuchar a los docentes y las familias, y caminar en la dirección de la bajada de ratios, que solo es posible con un aumento de la inversión en plantilla e infraestructuras”.

Funciones extra sin reducción horaria ni remuneración

La figura de Coordinador de Bienestar de la Infancia es de especial importancia en institutos, donde en el último curso se abrieron en torno a 600 incidentes relacionados con ideación suicida, trastornos de la alimentación, depresión o el acoso.

“Es una irresponsabilidad absoluta que la Consejería no haya contratado a perfiles específicos, como es el Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC), que es lo que hemos venido demandando desde CCOO, y lo que piden las familias y los equipos docentes”, dice Isabel Galvín que considera que no pueden asignar esta tarea a un profesorado que ya está sobrecargado, con una jornada lectiva de 21 horas. “Además de de asignarle esta función sin remuneración extra, sin reducción de horario, y sin ningún tipo de formación”, asegura.

Desde CCOO vamos a ayudar a los docentes a hacer reclamaciones cuando se les asigne esta figura y quieran reclamar. Consideramos que están dejando la salud mental de los niños y de los jóvenes en manos del profesorado sin darles los recursos que necesitan para manejar un tema tan serio. Por eso, como hemos venido exigiendo, debe procederse a la contratación de 316 PTSC como “Coordinadores de Bienestar” para los IES de nuestra comunidad.

“Esto viene a sumarse a la falta de orientadores en los centros: también se han contratado menos que el curso pasado y no están caminando en la dirección necesaria, que es la generalización de la figura del segundo orientador”, asegura Isabel Galvín.

Infraestructuras: barracones, amianto, falta de climatización

En nuestra Comunidad, a día de hoy, todavía tenemos 15 IES con obras sin completar. La gran mayoría de ellos están todavía siendo construidos por fases, y en muchos el alumnado se ve obligado a estudiar en barracones. El estado de obras en estos 15 centros, y la falta de instalaciones (gimnasio o biblioteca), estaría afectando a alrededor de 5.250 alumnos madrileños.

De los 925 centros con riesgo de tener amianto en nuestra Comunidad, ni siquiera están siendo desamiantados a tiempo los 23 que han sido anunciados. El presupuesto que le han dedicado este año es la ínfima cifra de 1,4 millones de euros, y supone un 0,02% del presupuesto educativo de la CAM. Hay 260 IES afectados por el amianto.

“No se ha dado ni un solo paso para cumplir las resoluciones de la Inspección de Trabajo en temas de climatización, resolución que deja muy claras las necesidades de una intervención estructural en los centros para garantizar el bienestar del alumnado ante las altas y las bajas temperaturas”, asegura Galvín.

No hay Plan de Ahorro Energético en terreno educativo. Galvín dice que el año pasado las facturas de energía en los centros se dispararon. “Con calderas que no están preparadas para las necesidades actuales, que necesitan reparación o modernización, y con una factura que ha subido en un 40% en los casos más afortunados, pero en algunos centros ha llegado a triplicarse”.

El currículo, rehén de las batallas políticas de Díaz Ayuso

Otra de las dificultades que se han sumado a la falta de plantilla y recursos de cara al curso 2022-2023, es el retraso con el que se publicó el currículo en la Comunidad de Madrid. “Es evidente que el gobierno de Díaz Ayuso ha dedicado la mayoría de su política educativa en los últimos años a obstaculizar la implementación de la LOMLOE, y esa ha sido la razón por la cual el currículo se publicó en los últimos días de julio”, asegura la secretaria general de Enseñanza Madrid.

La tardanza en su publicación dejó al profesorado sin tiempo para actualizar sus programaciones, con un contenido del currículo, además, que ha sido muy retocado por el gobierno de la Comunidad de Madrid, censurando los temas relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres, la educación en diversidad, y la sostenibilidad.

Formación Profesional: entre la falta de plazas y el ataque a los derechos laborales

Durante la primera fase de escolarización en Formación Profesional ya se hizo evidente que el gobierno regional no estaba dispuesto a crear las 30.000 plazas cuya necesidad se hizo evidente el curso pasado. El gobierno de Ayuso de cara al curso 2022-2023 ha decidido crear solo 10.000 plazas públicas: el resultado es que este curso se ha vuelto a quedar sin plaza otros casi 35.000 jóvenes madrileños.

De nuevo, este déficit intencional de plazas públicas es una manera de forzar a todas estas familias a unos centros privados que no son su primera opción, y por lo tanto, una vulneración constante de su libertad de elección educativa. “En tanto que estrategia, está íntimamente conectada con las becas privadas que tan solo este curso regalará 35 millones de fondos públicos en cheques para estudiar en la privada”, afirma Galvín.

Asimismo, el curso en Formación Profesional se ha iniciado con la noticia de que, ante la falta de plantilla, se está ofreciendo jornadas laborales de 24-25 horas a algunos docentes, lo cual no solo es ilegal, sino que supondría un grave deterioro de la enseñanza pública.

“La solución es evidente: inversión en plantilla y creación de plazas públicas que den respuesta a la totalidad de la demanda educativa”, concluye.