Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid | 21 diciembre 2024.

Aguirre contrata una campaña publicitaria millonaria y de incierta eficiencia a costa del despido de varios miles de docentes

    La presidenta de la Comunidad de Madrid utiliza el deber de toda la sociedad y el derecho de los docentes al reconocimiento social del ejercicio profesional en la enseñanza -que ella, como primera responsable de la Administración madrileña, tiene que garantizar y por el que debe velar-, para enmascarar su fracaso en la gestión de la crisis educativa y económica de la región de Madrid.

    10/11/2010.

    La Federación Regional de Enseñanza de Madrid de CCOO viene denunciando las constantes cortinas de humo que el Gobierno del PP atiza para ocultar la mala gestión -de la que el PP es el principal responsable desde hace más de una década- de la realidad educativa y económica que padecemos las personas que vivimos en esta región: la impracticable e inútil universalidad de la libre elección de centro, el eufónico y falaz bilingüismo, la vacía ley de Autoridad del Profesorado?

    Ahora CCOO advierte que la leña con la que la presidenta Esperanza Aguirre alimenta el humo y despilfarra -contrata (con quién)- el dinero de los madrileños, adquiere la forma de campaña publicitaria, de muy incierta eficacia sobre la práctica docente en las aulas y en la que gasta casi 2.000.000 de euros, para que la ciudadanía respete y apoye al profesorado.

    Pero las decisiones o inercias reales contradicen en sus términos y sus actos la campaña del Gobierno regional del PP, como resaltamos en la enumeración de alguna de las actuaciones de la Consejería:

    Despido -bajo la fórmula de no contratación- de 2.500 profesores interinos, y contratación como sustitutos, en presunto fraude de ley, de profesorado que ocupa una vacante durante todo el año, para atesorar el pago de los meses de julio y agosto, y esto, cuando hay que escolarizar a18.000 alumnos y alumnas más que el curso pasado y el paro sigue creciendo. Recorte, por segundo año, del sueldo de todos los docentes madrileños, añadiendo más recortes salariales a los impuestos por el Gobierno central y condenando al profesorado de Madrid a cobrar menos que el de otras comunidades autónomas de similar o menor nivel de renta. Supresión de: desdobles en el Primer Ciclo de la ESO, una hora de tutoría lectiva por cada grupo de alumnos, una hora lectiva para el seguimiento de la programación didáctica a los jefes de departamento, algunas jefaturas de estudio adjuntas? Incremento del horario lectivo del profesorado, del número de alumnos que cada docente tiene que atender y disminución de los apoyos? Anulación en la práctica de la aplicabilidad de la reducción para profesorado mayor de 55 años. Acusación al profesorado, desde y por la consejera Lucía Figar, de ausentarse del trabajo sin justificación. Aplicación de unos criterios sobre los permisos y licencias al profesorado rigoristas, burocratizados y que pueden atentar contra derechos y obligaciones de la ciudadanía y de los trabajadores. Desatención de en torno a 7.000 demandas de plaza, sin apenas incrementar la oferta en Formación Profesional Eliminación de cerca de 300 licencias por estudios, recorte de gastos en servicios y reducción de un tercio en la inversión para la formación. Aprobación de una Ley de Autoridad sin ninguna memoria económica ni previsión presupuestaria de gasto para su aplicación. Reducción de las transferencias para gastos de funcionamiento a los centros públicos. Incremento de los centros públicos, en los últimos 5 años, dos tercios menor  que el de los centros concertados, siendo la única comunidad autónoma donde la concertada ha crecido más que la pública, a pesar de que  los inmigrantes siguen escolarizados en mucha mayor proporción en los centros públicos. Mantenimiento en el último puesto, entre las comunidades autónomas, en el porcentaje de PIB dedicado a educación. CCOO exige al Gobierno regional que rectifique, que abandone las maniobras de distracción o de camuflaje y se enfrente a las necesidades de la educación, porque sus iniciativas educativas reales no benefician a las personas escolarizadas o solicitantes de escolarización, deterioran las condiciones del servicio educativo, perjudican a los trabajadores del sector, nos  sumergen más en la crisis educativa y económica y nos alejan de una salida sostenible y satisfactoria para todas las personas.

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