Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid | 2 abril 2025.

Área pública

Función Pública no cumple con sus empleados y empleadas: los retrasos en jubilación parcial afectan gravemente a las personas trabajadoras

    El Área Pública de CCOO exige medidas que permitan garantizar la correcta implementación de esta modalidad de jubilación en el ámbito de lo público.

    31/03/2025.
    Rueda de prensa del Área Pública, 18 de marzo de 2025.

    Rueda de prensa del Área Pública, 18 de marzo de 2025.

    El Real Decreto 11/2024, de 23 de diciembre, representa un avance significativo en la regulación de la jubilación parcial, al establecer mejoras sustanciales tanto para las y los trabajadores que optan por esta modalidad como para quienes les reemplazan, conocidos/as como relevistas. Esta legislación, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de abril de 2025, busca modernizar y flexibilizar el acceso a la jubilación parcial, adaptándola a las nuevas realidades del mercado laboral y a las necesidades de los trabajadores de mayor edad.

    La implementación del contrato de relevo en el sector público, dada su naturaleza de contrato fijo destinado a sustituir a personas trabajadoras que acceden a la jubilación parcial, plantea la necesidad de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en los procesos de selección.

    Desde diciembre de 2024, el Área Pública de CCOO ha insistido ante el Ministerio para la Digitalización y de la Función Pública en la necesidad de desarrollar y modificar algunos artículos necesarios del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y de la Ley de la Seguridad Social para garantizar el derecho a la jubilación parcial en el ámbito de lo público, las administraciones y el sector público.

    La reciente decisión del ministerio de no implementar los cambios legislativos necesarios para garantizar el derecho a la jubilación parcial del personal laboral a partir del 1 de abril está generando un amplio descontento. Este estancamiento legislativo se presenta como una clara falta de voluntad política. Es indispensable que tanto Función Pública como las administraciones autonómicas y las empresas del sector público utilicen la tasa adicional de jubilación.

    El Área Pública de CCOO subraya la importancia de abordar esta situación de manera estructural, mediante la implementación de previsiones adecuadas y permanentes en las Ofertas de Empleo Público (OEP) por parte de las administraciones públicas. Esta medida resulta crucial para garantizar la sostenibilidad del sistema y la adecuada cobertura de los puestos de trabajo a medida que se produce el relevo generacional.

    Llegada la fecha de aplicación del Real Decreto Ley 11/2024, Función Pública no ha cumplido con las modificaciones demandadas y solicitadas desde la aprobación de esta norma. Desde el Área Pública de CCOO seguimos exigiendo a las administraciones públicas la adopción de las siguientes medidas para garantizar la correcta implementación de la jubilación parcial:

    • Que las administraciones públicas incluyan de forma habitual y permanente las previsiones necesarias en las Ofertas de Empleo Público (OEP) para cubrir las vacantes generadas y la disposición presupuestaria correspondiente para cumplir con la jubilación parcial.
    • Que se emita una normativa que establezca medidas complementarias para el periodo transitorio, hasta que las medidas estructurales sean plenamente funcionales, consistentes en la contratación temporal de personal hasta la cobertura definitiva.
    • Que se realicen las modificaciones necesarias en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y en la Ley de la Seguridad Social para permitir la jubilación parcial del personal funcionario y estatutario.
    • Que el Ministerio de Función Pública asuma la responsabilidad de adoptar las decisiones necesarias para hacer efectivas estas medidas, incluyendo la responsabilidad de los gestores y gestoras en caso de demoras en su ejecución.

    La adopción de estas medidas resulta fundamental para garantizar la equidad y la sostenibilidad del sistema de jubilación parcial en el ámbito público.

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