Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid | 21 noviembre 2024.

El Ministerio reúne a la Comisión de Trabajo para alcanzar el objetivo del 1% del PIB destinado a financiar las universidades públicas españolas

  • CCOO reclama una financiación basal finalista que garantice la estabilidad y el futuro de las universidades públicas

21/11/2024.
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El miércoles 20 de noviembre ha tenido lugar la constitución de la Comisión de trabajo para establecer el incremento del gasto público para alcanzar el objetivo del 1% del PIB destinado a la financiación pública de las universidades públicas, tal y como establece la LOSU.

La Comisión de Trabajo se configura, de esta forma, en torno a la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria, en un formato ampliado para incorporar a más actores en esta fase de debate y consenso, ya que trata un tema esencial en la configuración actual y futura del sistema universitario de nuestro país. La Comisión incorpora a una representación de la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), así como una representación estudiantil (Consejo de Estudiantes y CREUP), de los Consejos Sociales de las Universidades Españolas y de los sindicatos (CCOO, UGT, CSIF, ELA y CIGA). Han estado presentes todas las comunidades autónomas (CC.AA.) con excepción de la representación del País Vasco.

Esta Comisión se crea con objeto de debatir y consensuar:

  1. Un conjunto de propuestas básicas sobre los posibles modelos de financiación pública de las universidades públicas, sus principios y sus principales mecanismos e instrumentos.
  2. Definir las sendas de incremento y los tiempos para lograr el objetivo de financiación estipulado en la LOSU.

Y para ello se ha propuesto un calendario de reuniones bimestrales que comenzaría el 18 de diciembre de 2024 y finalizaría el 19 de noviembre de 2025. Se plantea que las dos primeras sesiones cuenten con la presencia de expertos que, desde diversos paradigmas, aborden la financiación pública de las universidades públicas en España, su problemática y sus modelos, y aporten información comparativa sobre lo que sucede en otros países europeos de nuestro entorno.

En sucesivas reuniones se tendrían que concretar las posibilidades de acuerdo para definir, entre otras cuestiones:

  1. Si el 1% del PIB se refiere al PIB estatal o al de cada comunidad.
  2. El contenido y alcance del principio de suficiencia financiera.
  3. Qué se entiende y qué engloba la financiación estructural basal, la financiación estructural por necesidades singulares y la financiación estructural por objetivos.
  4. Las fuentes de financiación públicas y privadas para la docencia y la investigación.
  5. La financiación de infraestructuras y equipamientos y su mantenimiento.
  6. Los mecanismos de seguimiento, control y rendición de cuentas del uso que se de a los recursos públicos.
  7. Las necesidades de financiación de las universidades públicas para dar cumplimiento al mandato legal de prestar un servicio público de calidad y accesible para el conjunto de la sociedad.

Frente a este planteamiento, las CC.AA. han señalado, entre otras consideraciones:

  1. La necesidad de que exista un compromiso de financiación por parte de la administración central para cumplir el objetivo del 1% del PIB. Las transferencias corrientes a las universidades públicas se han situado en 2024 en un 0,55% (entre el 0,26 y el 0,86%), mientras que la media de la UE alcanzó el 1,2%. En relación con esta cuestión, alguna CC.AA. ha planteado perfilar este criterio y considerar otras cuestiones como: - La financiación por alumno/a, que oscila entre los 2.692 y los 11.000 euros según la universidad.- O el porcentaje del presupuesto de la CC.AA. que se destina a financiar las universidades públicas.
  2. La necesidad de que la financiación de las universidades se englobe dentro de la necesaria reforma de la financiación autonómica.Un compromiso de negociación real dentro del marco de la comisión.
  3. Al tiempo, la CRUE ha reclamado la urgencia en alcanzar un acuerdo que garantice una financiación que atienda a la suficiencia y la previsibilidad financiera de las universidades públicas.

Desde la parte social se ha reclamado una apuesta clara por el modelo de universidad pública frente a modelos políticos que fomentan la proliferación de universidades privadas y la necesidad de superar la infrafinanciación del modelo público como requisito necesario para lograr que las universidades públicas dejen de ser el nicho principal de precariedad en el empleo y las condiciones de trabajo en el ámbito público.

Compartiendo este planteamiento, desde CCOO hemos incidido en la necesidad de:

El incremento de la financiación debe plantearse a medio plazo, más allá del 2030 (plazo contemplado en la LOSU para alcanzar el 1% del PIB) y fijar como objetivo la media de los países más avanzados de la UE.

Un modelo que, dentro del respeto a las competencias autonómicas, garantice una financiación basal finalista que asegure la estabilidad presente y futura de las universidades públicas españolas y su crecimiento.

Unos criterios básicos comunes que garanticen el servicio público de educación superior, un empleo público de calidad, la calidad de los servicios para el conjunto de la comunidad universitaria y recuperar su papel de nivelador social.

CCOO hace un llamamiento a la responsabilidad de todos los actores con capacidad de decisión para afrontar de una vez por todas las serias carencias en la financiación de las universidades públicas que ponen en peligro su papel de servicio público y de nivelador social. Apelamos a que los distintos intereses políticos no afecten a la resolución del problema de la infrafinanciación de la universidad pública que es reconocido por la mayoría de los agentes. No nos podemos permitir seguir esperando a soluciones que nunca llegan mientras asistimos al deterioro permanente del modelo público universitario.